Este artículo del Observatorio Territorial de Arquitexto está centrado en la Zona Fronteriza, conformada por siete provincias a lo largo de la frontera entre la República Dominicana y Haití. Los datos administrativos y la información geoespacial que se presentan ofrecen una buena fotografía y una caracterización de la dinámica demográfica, territorial y socioeconómica de la zona de mayor pobreza multidimensional del país. Las próximas entregas documentarán los avances que en materia de planificación y política territorial plantea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Zona Fronteriza, con miras a la construcción de nuevos modelos de desarrollo integral.
El primero de febrero del año 2001 fue aprobada la Ley N.º 28-01 que estableció una zona especial de desarrollo fronterizo. Veinte años después es buen momento para mirar con especial atención esta superficie estratégica del territorio nacional con la finalidad de poner en evidencia la situación de su gente, destacar las necesidades que la acompañan y divulgar las fortalezas que pueden encontrarse en este territorio destacado en la Carta Magna, priorizado por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y lamentablemente olvidado, no por su cercanía a la línea que nos separa de la República de Haití, sino por la lejanía de las siete provincias que la componen con respecto al centro político, administrativo, social y financiero de la República Dominicana.
En la Hispaniola, una isla del centro del Caribe integrada por dos naciones, se destaca de manera especial un espacio de interesantes relaciones y actividades con dinámicas muy particulares. Ese territorio, localizado al oeste de la República Dominicana, ocupa un 20% de la superficie total del país (10,823 km²) y se encuentra compuesto por cinco provincias limítrofes con la República de Haití (Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales) y dos contiguas (Santiago Rodríguez y Bahoruco) que conforman la Zona especial de Desarrollo Fronterizo (Ley 12-21). Estas siete provincias (con 33 municipios y 66 distritos municipales) tienen un gran potencial, pero también enormes limitaciones que han retrasado el desarrollo que requiere la zona para beneficio de toda la nación. Este espacio de intercambios y necesidades, en el que se conjugan flexibilidad y complicidad, necesita una mirada especial que impulse el desarrollo armónico de su territorio, tomando en cuenta el potencial endógeno históricamente subutilizado que contribuya a reducir las brechas estructurales en beneficio de sus residentes y del resto del país. Es un territorio rezagado, enmarcado en una dinámica económica y social diferente de la del resto del país, pero con un valor estratégico establecido por la Constitución y en función de su localización.
POBLACIÓN
La proyección de la población residente en la Zona Fronteriza asciende a 500,460 habitantes, equivalente al 4.75% de la población nacional (ONE 2021), con una densidad poblacional de 46.24 hab./km², muy por debajo del promedio nacional de 216.3 hab./km². Estos registros evidencian una disminución histórica de la cantidad de habitantes residentes, la cual es el resultado del bajo crecimiento demográfico. Las condiciones económicas y sociales propician la salida de la población joven productiva. Tradicionalmente, la zona ha registrado altas tasas de emigración intercensal, con una pérdida neta de 9 habitantes por cada mil, que la caracteriza como territorio expulsor de población hacia zonas más desarrolladas.
La estructura poblacional se encuentra compuesta en su mayoría por adultos jóvenes en edades productivas, un aspecto relevante (dado el contexto nacional caracterizado por un envejecimiento poblacional acelerado) que brinda la oportunidad de aprovechar ese bono demográfico para la utilización óptima de esta mano de obra.
Como se mencionó previamente, la intención de emigrar responde principalmente a razones económicas y académicas, en un ámbito geográfico catalogado de bajo desarrollo humano y limitadas oportunidades. Aproximadamente 6 de cada 10 personas que emigraron internamente en 2010 lo hicieron hacia el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, principales focos económicos del país. Una gran proporción de esta población se encontraba en edad productiva (27.5 años de promedio), y en su mayoría correspondía a mujeres de bajo nivel educativo (el 54.5% del total de emigrantes). Esta dinámica demográfica evidencia, a priori, la necesidad de intervenciones públicas que propicien la permanencia de los habitantes fronterizos en su territorio y que desincentiven los procesos migratorios hacia los principales centros urbanos o polos de desarrollo densamente poblados, como los ya mencionados.
Una mayor proporción de hombres en todos los tramos etarios combinada con una marcada migración interna, en un contexto de bajos niveles relativos de fecundidad, esboza un proceso demográfico que dificulta la recuperación poblacional de la Zona Fronteriza.
En este contexto, la participación de la población extranjera adquiere relevancia. En 2017 representaba el 16.9% de los habitantes de las provincias fronterizas, superior al 4.2% nacional (ENI 2017). Tres provincias fronterizas con la menor población del país concentraban la mayor proporción de población extranjera: Pedernales (27.3%), Monte Cristi (26.7%) y Santiago Rodríguez (10.3%). Esta población se compone de jóvenes, la mayoría (65.4%) en edad productiva y de sexo masculino (57.4% de hombres). La inmigración es principalmente de carácter laboral, con una tasa de ocupación del 61.7% (34.3% femenina y 80.2% masculina), con mayor presencia en las actividades de construcción y agricultura.
URBANIZACIÓN Y TERRITORIO
Los procesos demográficos descritos anteriormente se conjugan con los aspectos ambientales y la ocupación del territorio. Los asentamientos humanos se distribuyen con una gran dispersión, predominando los pequeños asentamientos rurales (40%), lo que contrasta con el 25.7% de residentes en zonas rurales a nivel nacional. Estos pequeños poblados se asientan a una distancia significativa de las escasas zonas urbanas, las cuales ocupan 41.48 km² (apenas un 0.39% de la superficie de la Zona Fronteriza).
Esta alta dispersión evidencia la ausencia de instrumentos para la regulación del uso de suelo por parte de los ayuntamientos de la Zona Fronteriza; ninguna de las administraciones ha formulado ni aprobado un instrumento de ordenamiento territorial municipal que defina la zona urbana, la zona urbanizable y las no urbanizables, lo cual permitiría definir los suelos en donde la población puede residir o los que requieren ser conservados, evitando los conflictos que puedan generarse.
La relevancia de contar con un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial o, en su defecto, con un Instrumento de Delimitación de Suelo Urbano (IDSU) se deriva, sobre todo, en que estos asentamientos —de carácter improvisado en su mayoría— se desarrollan en un territorio de alta relevancia ambiental. En la zona, la cobertura forestal abarca el 43.7% de la superficie (Hansen et al., 2013), lo que representa el 35.4% de la cobertura nacional. El territorio se caracteriza por el predominio de terrenos no cultivables y de alta vocación forestal, con importantes reservorios de agua y una alta diversidad de especies.
En cuanto al suelo, más del 50% se caracteriza por una alta aridez (Trabuco y Zomer, 2018), que supera proporcionalmente otros territorios del país. La aridez, sumada a las variaciones de disponibilidad pluviométrica y las altas temperaturas, se traduce en una reducida capacidad de recuperación forestal. Lo anterior, aunado al predominio de bosques secos, aumenta la vulnerabilidad del territorio ante fenómenos atmosféricos como sequías e inundaciones.
Cuando se analiza el régimen legal de la superficie correspondiente a la Zona Fronteriza, se observa que la misma tiene un total de 4,105.33 km² de áreas protegidas, lo que representa un 38.77% de la superficie total y a su vez un tercio de las áreas protegidas del país. Pedernales es la provincia con mayor proporción de territorio protegido (67.7%). Dentro de este sistema se destacan 9 parques nacionales.
DIMENSIÓN SOCIAL
A este contexto de vulnerabilidad intrínseca del territorio se suman las condiciones en las que viven los hogares. Se estima que más del 65% de los hogares pertenecen a los grupos socioeconómicos bajo y muy bajo, una proporción sustancialmente superior al 34% del resto del país (ENHOGAR 2018). Además, se estima que el 17% de los hogares supera el umbral de hacinamiento (2.5 personas por habitación). En Elías Piña y Pedernales, 1 hogar de cada 4 está hacinado (ENHOGAR 2018). A nivel municipal, los registros indican que 5 de los 7 municipios más pobres del país se encuentran en la Zona Fronteriza, con un porcentaje de hogares pobres (ICV) superior al 80%, entre los que se destacan: Juan Santiago (93%), Hondo Valle (85%), Pedro Santana (83%), Cristóbal (83%) y Los Ríos (80%) (MEPyD 2014).
Igualmente, los hogares tienen un limitado acceso a los servicios básicos. Seis de cada 10 hogares no disponen de agua potable dentro de la vivienda, y aproximadamente el 90% no recibe agua de forma continua las 24 horas del día. Además, 5 de cada 10 hogares no poseen inodoros, y de los que tienen, solamente el 8% está conectado al alcantarillado (ENHOGAR 2018). Las condiciones de hacinamiento y la limitada disponibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario prevén un mayor prevalencia de enfermedades infecciosas, en particular las transmisibles asociadas a la gestión inadecuada del recurso hídrico, como es el caso del dengue. En su variante hemorrágica, es la enfermedad de mayor prevalencia en el territorio fronterizo (MSP 2019).
En términos educativos, es prioritario abordar la cobertura del nivel inicial y el desafío que presentan la alta sobreedad y la deserción. Finalmente, permanecen los retos en cuanto a la reducción de la brecha digital, con aproximadamente 8 de cada 10 hogares sin servicio de internet (ENHOGAR 2018).
Los servicios de salud son ofrecidos por centros de primer nivel, con presencia mayoritaria en el territorio (174 centros), y en menor medida por hospitales de nivel secundario y terciario (24 centros). El territorio fronterizo cuenta con una de las mayores disponibilidades de camas del país, pese a que en los últimos años se ha reducido pasando de 17.6 camas por cada 10,000 habitantes en 2012 a 13.1 en 2018. Sin embargo, la disponibilidad de médicos por habitantes está entre las más bajas del país, con 12.0 profesionales por cada 10,000 habitantes: Elías Piña y Bahoruco se ubican entre las seis provincias con menor relación de médicos. Asimismo, se evidencia escaso personal de enfermería, con 3.3 enfermeras por cada 10,000 habitantes, que en relación con el personal médico es inferior al umbral de paridad recomendado (Cassiani, Hoyos, Barreto, Sives, y Da Silva, 2018).
CONCLUSIÓN
El panorama demográfico, territorial, ambiental y social presentado muestra las diferencias entre el estado de situación de la Zona Fronteriza y el resto del país; además, nos permite reflexionar sobre el contraste de lo sucedido en los últimos años en este territorio y la meta proyectada por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en una serie de indicadores.
Sin embargo, a pesar del estado de vulnerabilidad de la población residente de la Zona Fronteriza y de las precariedades presentes históricamente en este espacio estratégico para la nación, existe el potencial de convertir la frontera en una zona de oportunidades a través del aprovechamiento del potencial intrínseco del territorio y de la focalización de la iniciativa privada, que contribuya a impulsar el desarrollo social y productivo y mejore los niveles de habitabilidad básica de sus habitantes. Esta oportunidad de reconversión productiva incluye el aprovechamiento del potencial de generación de energía renovable, el mayor del país, en particular en las localidades de Monte Cristi, Elías Piña, Bahoruco y Pedernales. Además, el ordenamiento y uso del know-how existente en torno al comercio transfronterizo.
HITOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA FRONTERIZAPara tales fines se requiere fortalecer una acción gubernamental coordinada que se materialice en una estrategia concertada, ordenada y articulada, sustentada en una visión estratégica que vincule la inversión pública para solucionar las brechas estructurales con las iniciativas del sector productivo, y que devuelva la esperanza a los habitantes de las siete provincias que conforman la Zona Fronteriza.
