Un llamado colectivo por la seguridad de nuestras edificaciones
MEDIOS ESPECIALIZADOS, ACADEMIA Y ACTORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN IMPULSAN UN MOVIMIENTO COLECTIVO PARA PROMOVER UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y FORTALECER LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.
Tras el devastador derrumbe de la discoteca Jet Set, y como respuesta a la necesidad de promover una cultura de prevención y fortalecer el marco regulador vigente, un grupo de plataformas de arquitectura, ingeniería y construcción conformó una coalición de medios especializados — Archivo de Arquitectura Antillana (AAA), Arquitexto, Fundación Fachadas, Perfil Urbano, Urbanística Podcast, y Visualizaciones Arquitectónicas Dominicanas — cuyo primer paso fue la publicación en redes de un manifiesto colectivo. Fue un llamado público para avanzar hacia prácticas más responsables de diseño, mantenimiento y supervisión de los espacios que habitamos.
En alianza con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y como acción de continuidad, esta coalición organizó una mesa técnica interinstitucional que marcó un punto de inflexión en el debate nacional sobre la seguridad estructural y la cultura de prevención del país. El evento se tituló “Del duelo a la acción” y reunió a expertos, autoridades, académicos y medios especializados en un ejercicio crítico que evidenció la urgencia de revisar las bases normativas, técnicas y éticas de la industria de la construcción de la República Dominicana.
Estas iniciativas conjuntas constituyen el inicio de una agenda propositiva orientada a la elaboración de un protocolo de seguridad certificado, con el objetivo fundamental de proteger vidas humanas y consolidar una cultura nacional de la seguridad y la prevención.
Manifiesto > Transformar el duelo en conciencia
Las plataformas de arquitectura, ingeniería y construcción alzamos la voz. Ante la tragedia, decidimos no guardar silencio. Que este duelo no sea estéril: que se transforme en conciencia, acción y compromiso colectivo.
Contexto. El colapso de una estructura que albergaba un hito cultural de la memoria colectiva dominicana —la discoteca Jet Set— no puede reducirse a un simple accidente. Este hecho se suma a una preocupante serie de eventos recientes vinculados a fallas de infraestructuras críticas: el derrumbe del muro de contención del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, la explosión de gas en el mercado del centro histórico de San Cristóbal, y el desplome de un edificio comercial de La Vega, solo por mencionar algunos ocurridos en los últimos tres años. Estas tragedias, lejos de ser casos aislados, revelan fallas sistemáticas que deben ser atendidas con urgencia.
Reflexión. Cada uno de estos eventos expone no solo la fragilidad de nuestras infraestructuras, sino también la fragilidad de los sistemas que deberían garantizar su seguridad: marcos normativos desactualizados, procesos de fiscalización ineficaces, ausencia de protocolos preventivos, y una gestión pública que frecuentemente prioriza la inmediatez sobre la sostenibilidad. Esta fragilidad sacude la confianza ciudadana, cuestiona nuestra responsabilidad compartida y el valor que damos a la vida ajena.
Llamada a la acción. No se trata solo de remover escombros, también nosotros —como sociedad, como gremios técnicos y creativos— debemos revisar críticamente nuestro marco normativo, evaluar con rigor las regulaciones vigentes, la jerarquización de recursos, identificar debilidades e incoherencias de las mismas, y las omisiones de la gestión técnica y administrativa.
El dolor y el luto que conllevan estas tragedias deben ser un llamado de atención sobre la urgente necesidad de revisar los modelos de desarrollo urbano, las prácticas constructivas y los mecanismos de inspección, mantenimiento y conservación de las edificaciones e infraestructura de uso colectivo o residencial. Es nuestra responsabilidad colectiva —ética y profesional— transformar este dolor en acciones positivas que promuevan un cambio real y duradero.
Este momento exige más que palabras. Requiere voluntad política, responsabilidad civil y una revisión profunda de nuestras normas de seguridad estructural e industrial, especialmente en espacios de servicio público, cultura, entretenimiento y educación.
Propuestas claves. Como actores del ámbito técnico, académico, profesional y ciudadano, tenemos la responsabilidad de exigir una transformación estructural: una cultura de prevención, planificación rigurosa, mantenimiento continuo y rendición de cuentas.
- Investigaciones técnicas rigurosas y transparentes que esclarezcan las causas del colapso y sirvan de evidencia para imponer las sanciones correspondientes a los responsables según el marco legal vigente.
- Creación o actualización urgente de un reglamento de inspecciones técnicas periódicas para edificaciones públicas y privadas de uso colectivo, priorizando aquellas que reciban una mayor concentración de usuarios, como los centros comerciales, médicos, educativos, iglesias, entre otros.
- Definición clara de infracciones urbanísticas y de construcción, e implementación de un régimen de consecuencias con procedimientos sancionadores efectivos.
- Compromiso institucional sostenido con la seguridad y habitabilidad urbana, donde se exija que la inspección técnica sea obligatoria.
- Convocatoria a un concurso o licitación pública para el diseño de un espacio conmemorativo en el lugar del siniestro, que honre a las víctimas y que convierta el lugar en un espacio público para la memoria y el encuentro.
Conclusión. La tragedia de la discoteca Jet Set, más que un evento que el tiempo borra, debe ser un llamado al compromiso social, institucional y permanente. Honrar la memoria de las vidas perdidas exige más que palabras: implica asumir nuestra parte de responsabilidad y exigir transformaciones profundas que hagan más seguras a nuestras edificaciones.
LAS PLATAFORMAS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN QUE SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO ALZAMOS LA VOZ CON RESPETO, PERO CON LA URGENCIA QUE DEMANDAN ESTAS TRANSFORMACIONES. ASIMISMO, PONEMOS NUESTROS MEDIOS Y CAPACIDADES AL SERVICIO DE LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD EN GENERAL PARA PROMOVER, DIFUNDIR Y COLABORAR CON LAS INICIATIVAS QUE SURJAN A PARTIR DE ESTA REFLEXIÓN.
Comentarios destacados
-
@fachadas.do Como organización, nos unimos al llamado colectivo de solidaridad y reflexión tras los trágicos acontecimientos ocurridos esta semana en Santo Domingo. Nuestra misión de preservar el patrimonio como fuente de aprendizaje y memoria nos compromete, hoy más que nunca, a acompañar este duelo con respeto y esperanza. Extendemos nuestras condolencias a las víctimas y sus familias, gratitud al personal de emergencia, y confianza en que las autoridades actuarán con justicia y responsabilidad para que hechos como estos no se repitan jamás.
@arq.carmenortega Desde mi rol de editora y profesional de la arquitectura, me sumo a este manifiesto colectivo que alza la voz ante una nueva tragedia. Así como los medios especializados nos hemos articulado para expresar un reclamo público, es momento de que la clase profesional —arquitectos, ingenieros, urbanistas, técnicos— se una con la misma determinación. Solo desde una acción conjunta y sostenida podremos convertir el duelo en una fuerza transformadora, exigir medidas concretas y garantizar que nuestras edificaciones y ciudades sean verdaderamente seguras, habitables y justas. Urge actuar.
@perfilurbanord Esta tragedia nos ha tocado cada fibra, lamentamos mucho lo sucedido. Asimismo, ese dolor que nos embarga lo hemos convertido en acción, en un plan de accionar conjunto como plataformas y medios que inciden directamente en la industria de la construcción, arquitectura y diseño […] Nos ponemos a la disposición para dar a conocer propuestas y sugerencias para que estas tragedias no sigan sucediendo en nuestro país. ¡Contamos con su apoyo, gracias!
@omarrancier La Facultad de Arquitectura y Artes y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo [de la UNPHU] se suman a esta iniciativa. Debemos crear conciencia a partir de la tragedia.
@david.arbona ¡Excelente trabajo! A la propuesta le agregaría que las licencias de uso, por ejemplo, las que otorga el Ministerio de Industria y Comercio, estén atadas a las inspecciones, de manera que si se quiere operar los comercios debe cumplir con unos mínimos de seguridad y habitabilidad (aislamiento acústico para ciertos usos), si se incumple con la norma, pues se anula la licencia. Sin eso no podrían operar hasta tanto no se apliquen las medidas requeridas.
@ching_ling_ho Saludos, […] hagamos una inspección colectiva y revisión de cada uno de los espacios que habitamos, cada quien como propietario e inquilino, hagamos nuestras inspecciones periódicas y si detectamos anomalías, ya sean estructurales, de instalaciones eléctricas o sanitarias, que se ven a simple vista, informarlo inmediatamente al MIVED para apoyo técnico o algún ingeniero especialista para los estudios de lugar.
@alburquerquemarcelo La arquitectura y los arquitectos solo serán respetados cuando haya consecuencias legales hacia el autor. Entonces y solo entonces el arquitecto respetará y hará respetar su trabajo por encima de las decisiones de terceros. En ese momento harán el trabajo quienes estén calificados para entender que una obra de arquitectura tiene un valor por encima de los caprichos y que es una responsabilidad civil […].
@samaeldes Doble negritas a la responsabilidad ética. Al reconocimiento de que las decisiones que tomamos como técnicos sobrepasan lo fugaz de una entrega para pasar al bienestar colectivo: perdurable. Tolerancia cero a ignorar lo mal hecho y a seguir normalizando malas prácticas, que las consecuencias de tanta negligencia no se las merece nadie.
@architectural_inspiration7 Definitivamente que, es oportuno el momento, a través de una tan dura experiencia y dolor que nos marcará para siempre, que consideremos y aprovechemos como profesionales la oportunidad de arremeter con todo lo que tengamos, para que no se siga procediendo [con] la construcción y rehabilitación de edificios y obras no aptas para la convivencia humana, ha llegado el momento de un antes y un después en los procesos constructivos de República Dominicana.
Mesa técnica > Del duelo a la acción
Por Mizoocky Mota
Desde la apertura, la actividad estuvo cargada de simbolismo y compromiso. El decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, arquitecto Omar Rancier, advirtió que este no era un simple foro conmemorativo, sino un llamado contundente a la acción técnica e institucional, en defensa de la vida y la ética profesional. La lectura del manifiesto “Del duelo a la conciencia”, a cargo del arquitecto Jesús Saldaña, apuntó directamente a los males endémicos del sector: la falta de fiscalización, las malas prácticas normalizadas y el vacío normativo que permite que tragedias como la del Jet Set sean no solo posibles, sino previsibles.
Las intervenciones de las arquitectas Carmen Ortega y Michelle Valdez, representantes de la revista Arquitexto y de Urbanística Podcast, respectivamente, ofrecieron un encuadre necesario para comprender la profundidad del momento. Posicionaron el derrumbe del Jet Set como un punto de quiebre, no solo técnico, sino simbólico, que demanda una revisión integral del modo en que concebimos, construimos y regulamos nuestras ciudades.
Durante las exposiciones, la licenciada Gabriela Molina detalló el ecosistema normativo y sus incoherencias legales, técnicas y operativas que aquejan a las instituciones responsables de la seguridad en la construcción. La multiplicidad de actores, la superposición de competencias y la ausencia de un régimen de consecuencias efectivo fueron denunciadas como causas estructurales de la fragmentación legal que repercute en la vulnerabilidad urbana.
El arquitecto Luis Alejandro Pérez, de la Dirección de Planeamiento Urbano del ADN, expuso la complejidad normativa y las limitaciones legales que enfrentan los ayuntamientos para fiscalizar construcciones ilegales. Destacó que, aunque son la primera instancia en aprobar anteproyectos, no pueden intervenir en propiedades privadas sin autorización judicial. Ante esta realidad, instó a los profesionales a educar a sus clientes, promover diseños responsables y reforzar la ética en el ejercicio urbano.
El representante del Cuerpo de Bomberos, Genaro Rodríguez, reveló que, a pesar de realizar numerosas inspecciones mensuales, las limitaciones legales para actuar sobre edificaciones privadas siguen siendo un obstáculo enorme. Subrayó la urgencia de una normativa contextualizada y la creación de inspecciones conjuntas para fortalecer la prevención de riesgos en todo tipo de edificaciones.
La exposición técnica del ingeniero Luis Abbot demostró la imposibilidad de atribuir causas definitivas a través de un único peritaje para la tragedia del Jet Set, sostuvo que la falta de ductilidad estructural y la modificación de la edificación sin estudios serios de evaluación previa configuraron una composición estructural crítica y altamente propensa al desplome súbito del techo. En este análisis, más allá de la responsabilidad puntual, emerge una advertencia general: la ciudad no puede seguir construyéndose sobre la improvisación ni sobre estructuras cuya fragilidad es visible, pero ignorada.
La arquitecta Iliana Gallardo, en representación de la Dirección de Normas y Reglamentos del MIVED, anunció un paso importante: la elaboración del primer Código de Construcción de la República Dominicana, el cual consolidará los reglamentos dispersos en un marco integral de cinco volúmenes. Por su parte, el ingeniero Edgar Pellerano, director de la Dirección de Inspección de Obras Privadas del MIVED, expuso que una gran cantidad de profesionales no da continuidad al proceso obligatorio de inspección, lo que deja a numerosas construcciones sin validez oficial ni posibilidad de ser tituladas legalmente. Este vacío abre una peligrosa brecha: edificaciones que carecen de verificación estructural efectiva continúan su curso sin el respaldo técnico ni legal requerido. A pesar de que existen dos vías para garantizar la supervisión —una institucional, bajo el MIVED, y otra mediante inspectores técnicos privados acreditados—, muchas obras simplemente omiten este paso.
La intervención del ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de ONESVIE, dejó claro que el derrumbe del Jet Set ha reactivado con urgencia una agenda postergada por años: la necesidad de evaluar, reforzar y regular con seriedad el parque edificado del país.
Reyes Madera señaló el uso de peritajes forenses avanzados —como el aplicado recientemente en el caso del colapso estructural de la mueblería de La Vega— y la proyección de un laboratorio nacional de ingeniería son pasos concretos hacia una transformación técnica de fondo. Pero más allá de los instrumentos, el mensaje es ético: no se trata solo de salvar estructuras, sino de proteger las personas que las habitan.
Profesionales, docentes y estudiantes exigieron un cambio estructural y señalaron con claridad la descoordinación institucional, la falta de inventarios de riesgo, y la informalidad generalizada como amenazas silenciosas que comprometen la seguridad de miles de ciudadanos. Se pidió, con firmeza, una movilización nacional que identifique y actúe sobre las edificaciones vulnerables antes de que ocurra otra tragedia.
El encuentro concluyó con la intervención del arquitecto Marcos Blonda, en representación de la revista AAA, quien apuntó que pasar del duelo a la acción es posible cuando los medios especializados y la academia se articulan con un propósito común: ponerse al servicio de la sociedad. Reiteró el valor de la comunicación como herramienta de transformación y compromiso para fomentar una cultura de seguridad en los espacios que habitamos.
Marco legal > Rol de las instituciones responsables
Por Gabriela Molina
Históricamente, la función de supervisar las obras públicas y privadas en ejecución estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que a su vez detentaba la responsabilidad de emitir las licencias o permisos de construcción. Según las disposiciones de la Ley núm. 687 de 1982, podía ordenar la clausura total o parcial de proyectos que estuvieran en ejecución o ya terminados por dárseles un uso diferente al autorizado. Posteriormente, mediante el Decreto núm. 576-06, se le atribuyeron las mismas facultades cuando se tratase de obras nuevas y a la ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones que alterasen su configuración arquitectónica o su uso. En el mismo año, los cuerpos de bomberos quedaron facultados para realizar inspecciones técnicas y emitir informes sobre las condiciones de seguridad de espacios públicos comerciales o privados de uso público, sin que ninguna persona física o moral pueda oponerse a dichas inspecciones, so pena de la suspensión temporal del establecimiento, según lo dispone el Decreto núm. 316-06 que establece el Reglamento General de los Bomberos, aún vigente.
Además, entre sus atribuciones, el MOPC quedaba facultado para emitir reglamentos técnicos que establecieran las reglas de juego para el sector de la construcción. Tal es el caso del Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras, emitido mediante el Decreto núm. 232-17, el cual establece los criterios técnicos que regirán la supervisión e inspección de las obras de edificación y vialidad, en sus distintas etapas, aplicables tanto en obras privadas como públicas, y un régimen que comprende inspecciones antes de la emisión de la licencia de construcción, durante el proceso constructivo y al final de la obra. Sin embargo, nada se dice de las infraestructuras o edificaciones ya construidas, que quedan fuera del alcance.
Posteriormente, en el año 2021 se crea mediante la Ley núm. 60-21 el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), que queda facultado para asumir parte de las responsabilidades del MOPC en la materia, específicamente “la planificación, reglamentación, tramitación de permisos, supervisión […] Así como, la reglamentación, tramitación de permisos e inspección de las edificaciones privadas, conforme a la ley y a los reglamentos correspondientes”. Asumiendo, además, los reglamentos que había emitido el MOPC, sin producir ninguna actualización o revisión de los mismos. Desde entonces, el MOPC únicamente tiene la responsabilidad sobre la infraestructura pública (calles, carreteras, autopistas, pasos a desnivel y puentes, entre otros).
En virtud de lo anterior, velar por el cumplimiento de los procesos constructivos y la seguridad de las obras ejecutadas en todo el territorio nacional, tanto público como privado, se lleva conjuntamente entre el MIVHED y el MOPC.
Otro actor importante en la materia son los ayuntamientos o gobiernos locales, que según la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y sus municipios tienen competencia propia y exclusiva sobre la construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, lo que deriva en una responsabilidad sobre la calidad y calidad de sus intervenciones. De igual forma, las responsabilidades de los ayuntamientos abarcan un amplio espectro en materia de planificación, gestión, ordenamiento, ejecución, construcción y mantenimiento de obras, por lo que, si bien la ley no es especifica respecto de la supervisión de edificaciones determinando su alcance en la permisología para uso de suelo y afines, no se pudiera decir que son ajenos a los procesos constructivos dentro de su demarcación.
Ante lo anterior, se puede afirmar que en la República Dominicana existe una dispersión regulatoria que dificulta establecer un único órgano responsable de la supervisión de infraestructuras y edificaciones ya construidas. Las disposiciones vigentes han limitado la actuación de las instituciones a la revisión documental del proyecto y la permisología desde la etapa inicial hasta su finalización, sin embargo, nada se dice de la supervisión continua y al llamado de mantenimiento de edificaciones, y tampoco del régimen de consecuencia derivado de inobservancias en tema de seguridad.
