Hacia la construcción de un modelo regional

Dentro de la división territorial, el ámbito regional ha sido abordado históricamente con diversas iniciativas a nivel latinoamericano; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un modelo homogéneo. El estudio de los modelos regionales de Latinoamérica aún es una tarea pendiente. A través de la recopilación de la información existente, este artículo presenta una aproximación conceptual al tema, una comparación de modelos regionales latinoamericanos y un resumen histórico de los procesos de la República Dominicana, complementado con consultas realizadas a especialistas del tema. El objetivo es establecer premisas que contribuyan a la definición de un nuevo modelo regional.

Tanto en nuestro país como en Latinoamérica, los sistemas de gobierno son diversos, las naciones se han organizado según distintos modelos de división territorial. En todo el continente encontramos una variedad de divisiones político-administrativas: regiones, estados, distritos marítimos, provincias, departamentos, municipios, cantones, parroquias, comunes, distritos municipales, secciones, barrios y parajes.

Es necesario profundizar en el estudio del ámbito regional observando casos que contribuyan a levantar, sistematizar y analizar las experiencias fundamentales de ordenamiento regional dentro de los países, con el fin generar información oportuna para el diseño de propuestas novedosas a ser implementadas por los gobiernos nacionales.

El concepto región
A nivel territorial, el concepto de región posee una escala de actuación variable que va desde lo multinacional, pasando por el ámbito binacional hasta el nivel subnacional; la presente investigación se circunscribe a la tercera de las escalas mencionadas.

En cuanto a política económica, la región está definida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como “el territorio que posee una cierta capacidad de autogobierno y cohesión cultural, de manera que propicia la vinculación entre la gobernanza y el sistema económico, abriendo las puertas a la utilización del concepto para el diseño de políticas” (Bilbao-Osorio, 2009). El economista chileno Sergio Boisier define la región como un “territorio organizado que contiene, en términos reales o en términos potenciales, los factores de su propio desarrollo, con total independencia de la escala”. Estos dos conceptos establecen el punto de partida en “el territorio”, como escenario donde se encuentran capacidades o potencialidades para orientar el desarrollo.

A nivel institucional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha incorporado, a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la preocupación por la dimensión regional del desarrollo, tanto por medio de sus programas de capacitación como de sus proyectos de asesoría (Lira, 1995). De esta forma surge una nueva conceptualización de la articulación sistémica regional-nacional-internacional, que asigna a los territorios organizados un importante rol como sujetos de los procesos de crecimiento y desarrollo, y no solo como meros receptores del mapeo territorial de los efectos de las políticas públicas o de la lógica de las fuerzas del mercado (Boisier, 1979 y 1982). La dimensión “espacial”, manifestada en el subsistema denominado región o localidad, es clave en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Experiencia de la República Dominicana
A partir de la entrega a Francia de la parte occidental de la isla (1795), la parte española fue dividida en cinco provincias: Santo Domingo, Santiago, Azua, La Vega y El Seibo; está división fue ratificada en la primera constitución del país.

Desde 1844, los 48,670.82 km² han sido escenario de la fragmentación del territorio y la creación de una serie de unidades territoriales en distintas escalas.

Durante la dictadura de Trujillo se promulgaron numerosas leyes que dividieron el territorio nacional en varias ocasiones, sin embargo, es a partir de la década de los sesenta cuando se introduce la figura regional. La Ley 5788, que crea la Junta Nacional de Planificación y Coordinación en 1962, señala entre sus funciones principales: “Asistir técnica y administrativamente a los Institutos Regionales de Desarrollo e impulsar un esquema de planificación regional y descentralizada”; en su reglamento nº 8896 (1963) se indica que la junta establecerá la división y subdivisión regional del país con carácter económico, social, administrativo y físico.

Hoy en día, en el sector gubernamental existe una variedad de esquemas regionales no coincidentes entre las instituciones sectoriales que forman parte del aparato gubernamental; esta situación no permite planificar el desarrollo basado en un esquema único regional, impide la coordinación efectiva de las políticas públicas en el territorio y no garantiza la articulación efectiva entre el nivel nacional y el local.

La necesidad de construir un modelo regional exitoso es uno de los desafíos pendientes de la República Dominicana. Algunos intentos de división territorial se han presentado en este último tramo de la vida democrática, estos intentos no se han consolidado hasta el momento.

El éxito de un modelo regional es el resultado de conjugar un marco legal que ofrezca garantías para implementar un proceso de regionalización, una institucionalidad que respalde el trabajo mancomunado de los actores comprometidos en la región, una estructura sistémica que permita articular las iniciativas regionales con los instrumentos financieros del sector público y un esquema de participación que integre todos los actores del territorio.