Monumentos y sitios en peligro

Vigencia de una lista del Icomos Dominicano

El artículo reflexiona sobre la lista de monumentos y sitios del patrimonio cultural dominicano en peligro elaborada por ICOMOS (2017-2019). Aunque algunos inmuebles han recibido intervenciones, la mayoría sigue en estado crítico por abandono, falta de políticas efectivas y ausencia de recursos. Se destaca la urgencia de políticas públicas, incentivos y conciencia social para conservar esta herencia colectiva.

Durante nuestro período como presidente del Comité Dominicano del ICOMOS (2017-2019), la comisión integrada por los arquitectos Ana Cristina Martínez, Gustavo Ubrí Acevedo, José Manuel Batlle Pérez, Leticia Tejeda y Risoris Silvestre tuvo a su cargo elaborar una relación de monumentos y sitios del patrimonio cultural dominicano en peligro, la cual fue desplegada en tres calendarios para los años 2018, 2019 y 2020, a razón de doce inmuebles por año, en los que se hizo constar su ubicación, descripción, referencia histórica, protección legal y diagnóstico a la fecha. La elaboración de dicha lista respondió al interés de dar a conocer aquellos bienes patrimoniales amenazados por causales humanas, estructurales o naturales, con la aspiración de que el ministerio de Cultura —instancia competente para conservar el patrimonio cultural tangible e intangible de la nación, así como para fomentar su protección, conservación, rehabilitación y divulgación— manifestara un mayor interés por nuestra memoria construida y que sus diferentes instancias afirmaran cada vez más su rol de realizar, coordinar y ejecutar las iniciativas y planes que correspondiesen para la puesta en valor de estos elementos fundamentales de la identidad dominicana.

Los inmuebles y lugares que dimos a conocer se hallaban afectados por numerosos factores que incidían negativamente en su conservación y puesta en valor. Abandono, vandalismo, fenómenos naturales, falta de mantenimiento, vigilancia y reparaciones, deterioro avanzado, ruinas y escombros, intervenciones inadecuadas, erosión, posible derrumbe y falta de gestión efectiva daban cuenta de su estado. Fueron los siguientes:

A cinco años de haber presentado los últimos doce inmuebles considerados, satisface el hecho de que algunos hayan sido intervenidos por el Estado —no necesariamente por el Ministerio de Cultura— y el sector privado para su puesta en valor, pero a la vez preocupa que, en la gran mayoría de estos, persistan los males encontrados y, peor aún, que algunos se encuentren en mayor peligro por haberse sumado nuevas condiciones negativas que agravan su estado. No puede olvidarse que la conservación, protección, rescate y difusión del patrimonio cultural son obligaciones primordiales del Estado dominicano y que tienen un alcance general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar, en los términos de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 y la Convención para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de 2003, por su salvaguardia, protección, conservación, rehabilitación y transmisión a las generaciones futuras y por atribuir al patrimonio cultural una función en la vida colectiva.

La salvaguarda por el Estado del patrimonio cultural de la nación, la garantía de su protección, enriquecimiento, restauración y puesta en valor y la conservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico y arquitectónico, en tanto derecho colectivo o difuso, no pueden continuar siendo parte de las disposiciones muertas de la Constitución, que no encuentran asidero en un marco legal adjetivo que impone conservar bienes patrimoniales inmuebles sin ninguna compensación a cambio, no obstante el interés social que ello encierra y la restricción que impone al derecho de propiedad. El régimen jurídico del patrimonio cultural no establece exención ni estímulo fiscal alguno para alentar la conservación de inmuebles o muebles patrimoniales; nada diferente puede decirse en materia de patrimonio cultural inmaterial. Por demás, las sanciones consagradas para castigar a los infractores de las leyes han quedado desfasadas con el paso del tiempo. Pensar en que el Estado adquiera eventualmente bienes culturales patrimoniales para salvarlos de su desaparición es, en la mayoría de los casos, quimérico. Sin recursos para lograr su conservación, sin una política ni planes definidos, sin instituciones sólidas y sin un estatuto que favorezca su valorización por parte de sus propietarios o portadores, no es de extrañar la conducta indiferente que acompaña la desaparición de muchos referentes identitarios y el estado lastimoso que sigue presentando la mayoría de los inmuebles escogidos por el ICOMOS Dominicano, por no haberse tomado medida alguna para revertir la situación en la que se encuentran.

A más de cincuenta años de la promulgación de las leyes números 318 de 1968, sobre patrimonio cultural de la nación, y 492 de 1969, por la que se declararon los primeros Monumentos Nacionales, la legislación dominicana referida al patrimonio cultural permanece prácticamente intocada. Diseminados por todo el país, muchos inmuebles y yacimientos terrestres y submarinos considerados en 1969 nunca han merecido una real y efectiva protección del Estado. Más de cinco décadas de incuria —si bien no generalizada, valga el reconocimiento— han marcado su pretendida integración a la vida cultural y su disfrute por la ciudadanía y aprovechamiento turístico todavía constituye una aspiración inacabada para el ejercicio del derecho a la cultura y el derecho al patrimonio cultural.

Nada diferente ha sucedido con nuevos Monumentos Nacionales que se han sumado en el curso del tiempo, amparados en leyes o decretos. Una realidad distinta a la prevista en la teoría de los textos legales se ha impuesto y desbordado sus normas y campea una nula o limitada atención a bienes culturales tan significativos como los exponentes de la arquitectura moderna y la arquitectura vernácula.

La gestión de bienes patrimoniales fuera de la Ciudad Colonial de Santo Domingo es reducida y no existe un plan de gestión de riesgo específico para el patrimonio cultural fuera del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y el Plan Nacional de Emergencias, ambos previstos en la Ley núm.147-02 del 22 de septiembre de 2002. Los incendios ocurridos en el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro en 2018 y en la catedral de Notre Dame en París en 2019 fueron el mejor espejo en el cual el Ministerio de Cultura debió verse para afrontar eventuales desastres e iniciar la estructuración de un plan de contingencia a partir de los citados que respondiera de manera efectiva ante amenazas de diferente índole. Nada se hizo.

Duele la pérdida de muchas piezas irrepetibles de nuestra memoria construida o intangible, declaradas o no, inventariadas o no, pertenecientes o no a un centro histórico, porque con su desaparición se diluye, en cierta medida, nuestra identidad. Solo van quedando fotos, aldabas y tragaluces de un pasado irrepetible que el Estado ha sido incapaz de conservar, salvo claro, la Ciudad Colonial de Santo Domingo, único patrimonio monumental que parece importar y que reditúa jugosos beneficios.

Nuestro patrimonio construido no puede seguir desvaneciéndose sin más. El Tribunal Constitucional ha reconocido que existe un perjuicio cultural e histórico causado por la destrucción o transformación de un inmueble patrimonial (sentencia TC/0330/15, del 8 de octubre de 2015), que el valor histórico de una casa justifica que sea conservada como patrimonio histórico (sentencia TC/107/18, del 1 de mayo de 2018) y que un bien declarado patrimonio cultural adquiere una función social, que impone al propietario y poseedor “un deber especial de conservación y protección” (sentencia TC/0125/18, del 4 de julio de 2018). ¿A cuántos les importan esos precedentes vinculantes? Aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene entre sus líneas de acción la recuperación, protección y proyección del patrimonio cultural tangible de la nación y su valoración como parte de la identidad nacional, el país sigue asistiendo a un proceso de dilapidación acelerada y al parecer irreversible de un patrimonio heredado de inmenso valor cultural y económico, hecho ante el cual el Estado no quiere empuñar armas.

Urge implementar programas que aporten nuevas dinámicas para la conservación de nuestro patrimonio cultural. Además de la necesaria provisión de recursos económicos para su puesta en valor, si es que no queremos quedarnos solo con recuerdos de lo que una vez fue, el Ministerio de Cultura debe formular una política definida para la inserción del patrimonio cultural en la generación de beneficios sociales y crear una conciencia colectiva respecto del valor de nuestra herencia cultural. El Estado debe entender que el patrimonio cultural dominicano en su universalidad —y no solo el colonial capitaleño— es generador de recursos, tanto materiales como espirituales. Encontrar su resonancia en la contemporaneidad es ineludible. A ello nos convoca la lista de monumentos y sitios del patrimonio cultural dominicano del ICOMOS. Que así sea.