Vivienda social dominicana: un análisis desde la perspectiva de género

En la historia de la vivienda social dominicana se pueden identificar varias etapas, definidas especialmente por los cambios políticos y el modelo económico implementado. Las primeras construcciones de viviendas por parte del Estado se remontan a la época del dictador Trujillo (1930-1961), durante la cual, como parte de la política social del régimen, se creó el barrio Mejoramiento Social.

El punto de partida de la producción habitacional de viviendas colectivas de promoción pública se produjo con la llegada al poder de Joaquín Balaguer en 1966. Desde su primer periodo de gobierno (1966-1970) introdujo la tipología de apartamentos en bloques de edificación abierta y mediana altura. Durante las primeras décadas se explora y diseña un repertorio propio de soluciones a cargo de arquitectos formados —en su mayoría— en Europa, lo que explica que tiendan a diseñar su interpretación local de la arquitectura habitacional heredada del movimiento moderno.

Joven en interior de vivienda, 1985. W. García

En los siguientes gobiernos balagueristas (1970-1978, 1986-1996) y de forma más reducida en los gobiernos del PRD (1978-1984) que le sucedieron, la construcción masiva de viviendas fue una constante en la que la problemática habitacional se atendió principalmente desde un enfoque sectorial y asistencialista, en intervenciones que incluyeron desde la urbanización de terrenos entonces periféricos hasta actuaciones de renovación urbana caracterizadas por el desalojo de asentamientos marginales y la demolición parcial de barrios populares.

En los primeros proyectos estatales de viviendas colectivas y unifamiliares se destacan momentos de experimentación e innovación que constituyen un interesante muestrario de soluciones en los que se adaptaron códigos importados al contexto local. Sin embargo, a partir de la década de los 80 se produjo un estancamiento de la evolución de las tipologías construidas y se perpetúa el modelo de vivienda multifamiliar en bloque exento, cuya unidad tipo consiste en un salón-comedor al que se accede desde una escalera central, cocina, área de lavado, tres habitaciones y un cuarto de baño dispuestos a lo largo de un pasillo. La continua repetición de este modelo ha redundado en un desajuste entre los criterios que rigen la arquitectura habitacional y el estilo de vida y las demandas contemporáneos: se continúan desatendiendo las necesidades de adaptación cultural, accesibilidad, eficiencia energética, entre otros aspectos de indiscutible relevancia.

Este desfase se infiere del análisis de indicadores de innovación de la vivienda de promoción pública (Lozano Velasco, 2000) que van desde lo programático (redefinición del programa, interacción con otros usos, sistema de agrupación), lo espacial (relación espacio público-privado, nuevos sistemas de convivencia, organización funcional, flexibilidad, estándares dimensionales), hasta la incorporación de alternativas de gestión (propiedad, alquiler, multipropiedad, autoconstrucción).

Política de vivienda y ausencia de perspectiva de género

Cuestionar el diseño del espacio doméstico implica analizar qué elementos de la vivienda pueden ser revisados y modificados para la inclusión de la perspectiva de género en los planes habitacionales. Para esto es preciso posicionarse y establecer un concepto de vivienda desde una lógica ampliada que vaya más allá de la idea de vivienda como hecho físico. En el artículo “Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI”, Josep María Montaner y Zaida Muxí definen la vivienda como un “espacio privado, un interior construido, en el que se realizan principalmente las actividades y tareas de la reproducción, que son aquellas que hacen posible el desarrollo natural, físico y social de las personas, constituyendo la base de las tareas productivas”. Además, en el citado texto se señala que la unidad básica a la que se ha de garantizar el acceso ha de concebirse “atendiendo a una conformación de la sociedad más diversa y menos jerárquica. Por esto, formular una revisión de los criterios de diseño de la vivienda para el siglo XXI implica reflejar, fundamentalmente, la conciencia del cambio social” (Montaner y Muxí, 2010).

Esta postura evidencia la importancia de estudiar la validez de la respuesta que la arquitectura y el modelo de barrio producidos durante décadas —basados en repeticiones de las tipologías predominantes— respecto de la evolución de los tamaños de los hogares, cuya tendencia es a la baja (ONE, 2017), la heterogeneidad de la composición (en oposición al predominio de los hogares nucleares), y los cambios de las dinámicas de la vida cotidiana, en una sociedad en la que cada vez más las mujeres están integradas a las labores productivas fuera del hogar.

En definitiva, se impone la necesidad de estudiar el espacio habitado desde el entendimiento de la sociedad para la que se diseña y la diversidad de sus realidades. De esta manera se puede evaluar en qué medida los proyectos favorecen, o desfavorecen, la calidad de vida de los habitantes, en especial de las mujeres que en la actualidad tienen un mayor peso en la realización de las tareas domésticas. Este cuestionamiento se plantea a distintas escalas: la configuración de la célula de la vivienda, los sistemas de acceso y agrupación y el tipo de edificación resultante, la forma en la que los edificios generan e interactúan con su entorno inmediato, en función de su implantación, así como el tipo de barrio y ciudad que han contribuido a estructurar. Las arquitectas y arquitectos tenemos que asumir la responsabilidad, desde el diseño de un espacio doméstico, de participar en los procesos de superación de los roles tradicionales asignados en base al sexo. Es decir, diseñar espacios flexibles y sin jerarquías.

En el estudio Trabajo No Remunerado en República Dominicana: un análisis a partir de los datos del Módulo de Uso del Tiempo de la ENHOGAR 2016 (Oficina Nacional de Estadística, Ministerio de la Mujer, 2018) se muestra la significativa desproporción entre el número de horas promedio semanales dedicadas al trabajo no remunerado que destinan las mujeres respecto de los hombres. Además de la desigualdad de la repartición de la carga de trabajo, el informe señala que las tareas domésticas y de cuidado son consideradas como un trabajo que no requiere calificación, “lo que lleva, además, una subvaloración social sustentada en estereotipos de género”. Esta falta de reconocimiento de la complejidad de las labores diarias ligadas al cuidado y reproducción implica la negación de la importancia que tiene la correcta adecuación de la arquitectura contenedora de estas tareas; además de que asume la existencia de una usuaria tipo, una mujer estandarizada, quieta y universal.

La disparidad del tiempo dedicado a las labores de cuidado es una situación común a todos los grupos clasificados por edades y situación socioeconómica, siendo más grave en el grupo social clasificado como muy bajo, en el que las mujeres dedican 18 horas semanales al trabajo doméstico, frente a las 2.1 horas que en promedio emplean los hombres. La valoración del presupuesto del tiempo en función de los roles atribuidos según el sexo evidencia la influencia que la incorporación de la perspectiva de género puede tener en el diseño de las viviendas dirigidas a estos segmentos de la población.

Estos estudios dirigidos a sistematizar la experiencia femenina de la vivencia del hogar, en tanto información útil para impulsar una política de vivienda con perspectiva de género, no deben limitarse a interpretar necesidades y aspiraciones de las usuarias y a traducirlas en diseños de espacios y tecnologías domésticas que busquen “acomodar” la vida de las mujeres, reafirmando así que su lugar de influencia es el ámbito privado representado por la vivienda. En cambio, de lo que se trata es de manejar un análisis propositivo enfocado en la recopilación del saber hacer, acumulado por uso y costumbre en la población femenina, para el desarrollo de un pensamiento crítico y herramientas de diseño que permitan a profesionales de la arquitectura producir hábitats integradores.

Por consiguiente, el llamado es a plantear configuraciones que contribuyan a superar imposiciones sobre la asignación del espacio doméstico como soporte de la cotidianidad de las mujeres, en oposición al espacio público como lugar de control masculino. Esta disociación se proyecta al interior de la vivienda a través de un programa de áreas que contrapone lo social a lo privado, asociado a lo íntimo. En ese sentido, resulta innegable el aislamiento y desigualdad que produce la disposición, amueblamiento y dimensionamiento que tradicionalmente caracteriza a las cocinas de las viviendas de los proyectos estatales. Su estudio, junto con la búsqueda de soluciones de diseño enfocadas a la inclusión, se considera como un punto indispensable a ser considerado en los nuevos planteamientos.

Aun a falta de un estudio pormenorizado se deduce que la cocina, y otros espacios especializados, tienen que pensarse como soporte de una actividad vital y su desatención se interpreta como un fallo del sistema, ya que la sigue asumiendo como espacio terciario desde el que una sola persona —mujer— despacha un servicio a los usuarios de la vivienda. También hace falta realizar estudios y guías que permitan adaptar el diseño de estos espacios a la población dominicana en respuesta a sus hábitos de alimentación, consumo e higiene. Desde el reconocimiento de la importancia que ha de tener el espacio en el que se lleva a cabo la preparación de los alimentos, y en el que también se realizan las tareas de formación en los hábitos alimenticios, la cocina debe reivindicarse como lugar gestionado desde un enfoque incluyente y de instrucción que permita la interacción de todos los miembros del hogar. Las visitas a dos conjuntos de vivienda de promoción pública, La Zurza e Invivienda Santo Domingo, permitió visibilizar los argumentos expuestos.

EDIFICIO MULTIFAMILAR EN LA ZURZA.

Conclusión

Asumir el compromiso de incorporar la perspectiva de género en la actividad proyectual de la vivienda social, y en los planes de rehabilitación urbana integral, pasa por reconocer el liderazgo de las mujeres en las trasformaciones del espacio doméstico. Transformaciones que reflejan necesidades y aspiraciones no resueltas en la vivienda provista.

Es necesario fortalecer la conversación sobre la capacidad que tiene la arquitectura de contribuir al logro de una igualdad de género sustantiva. Para esto, resulta indispensable realizar estudios que busquen aproximarse a estos hechos de manera profunda y rigurosa, es decir, generar un conocimiento sobre las necesidades habitacionales en el contexto local. Además, se resalta la importancia de aprovechar conocimientos y experiencias de otros países, en especial de la región, en los que ya existe un mayor recorrido en la implementación de criterios de diseño con un enfoque de género en la producción habitacional y el urbanismo.

En resumen, se plantea como una deuda social mejorar la calidad de vida de las mujeres mediante formas innovadoras de concebir la vivienda desde la búsqueda de una arquitectura integradora y neutral que favorezca la equitativa participación de todos los miembros del hogar en las actividades de la vida cotidiana.

Natalia Ulloa Cáceres
Arquitecta por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Doctora y master en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, mención Hábitat Sostenible por la Universidad Politécnica de Valencia (España), con la tesis titulada “La vivienda social en Santo Domingo: oportunidades de reciclaje del parque construido”, un trabajo de investigación que explora soluciones para la producción de nuevas viviendas urbanas y la puesta en valor del tejido residencial existente. En la actualidad es docente en la maestría de Diseño Arquitectónico de la Escuela de Arquitectura de la UASD, en la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Central de Este (UCE), y trabaja en el Ministerio de la Presidencia en temas de políticas de Hábitat y Desarrollo Local

BIBLIOGRAFÍA

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